La instancia recibió los testimonios de abogados y comuneros mapuches imputados en la investigación que posteriormente fuera caratulada como un montaje.

El objetivo de la jornada fue continuar recabando antecedentes por parte de los representantes mapuches y de sus abogados, respecto del bullado operativo policial que fue caratulado finalmente como montaje.

Los parlamentarios de la instancia recibieron, en primer término, el testimonio de la abogada Karina Riquelme, quien dio cuenta del actuar de la Fiscalía en este caso, que en septiembre de 2017 derivó en la detención de ocho comuneros? supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista, vinculados con la cúpula de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Riquelme fue tajante al explicar los errores del proceder policial en este caso y, en particular, de la Fiscalía, fallas que fueron acreditadas por la Corte Suprema.

En tal sentido, cuestionó no solo la implantación de pruebas por parte de Carabineros, sino que la falta de prolijidad del Ministerio Público. “Aquí no se investigó y después se detuvo, sino que solo se detuvo; se tuvo que interponer un recurso de amparo y la Corte Suprema decidió que no existían los antecedentes suficientes para tenerlos detenidos 28 días después de que se decretara la prisión preventiva y se les otorgó la libertad”, aclaró.

La abogada recalcó ante la instancia que los imputados mapuches advirtieron que no usaban aplicaciones como telegram o whatssap y que, incluso, algunos ni siquiera tenían teléfono, “pero la Fiscalía nunca los escucho y decidió igualmente formalizar”.

En tanto, el Machi Fidel Tranamil señaló que el pueblo mapuche está siendo objeto, hace décadas, de una persecución derivada de una discriminación arbitraria.

“Aquí se está llevando a cabo una criminalización en contra de nuestra gente solo por el hecho de expresar nuestro deseo de recuperar el territorio que fue usurpado; aquí no se está persiguiendo un delito particular sino que se están montando pruebas para perseguir un pensamiento, para perseguir la idea de recuperar las tierras que hoy están en manos de empresas capitalistas”, precisó.

Cabe recordar que la comisión investigadora fue conformada para analizar la actuación de los organismos policiales, de persecución criminal y de inteligencia en el marco de la denominada Operación Huracán, respecto de la cual se acreditó la manipulación de pruebas para incriminar a los detenidos y la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y asociación ilícita.