En condiciones de convertirse en ley de la República quedó el proyecto de ley que permite a los profesionales de la educación poner término a su relación laboral sin perder la bonificación por retiro voluntario (boletín 12536).

La iniciativa, cuyo informe de la Comisión de Educación fue rendido por el diputado Diego Schalper (RN), incorpora un artículo único a la Ley 20.976, donde se establece que el trabajador podrá solicitar que se ponga término a la relación laboral por causa justificada y aprobada por el empleador.

En dicho caso, este último deberá informar sobre la situación al Ministerio de Educación, el que, por su parte, tendrá que determinar la fecha en que se pagarán los beneficios correspondientes a la bonificación por retiro voluntario.

El texto, además, estipula que, durante el período entre que se pone término a la relación laboral y el pago efectivo de la bonificación, el trabajador no percibirá remuneración alguna.

Entre sus fundamentos, el proyecto señala que la Ley 20.976 estableció un bono de incentivo al retiro a los profesionales de la educación del sector municipal. Dicho bono, en virtud de las condiciones económicas en que jubilan los profesores de nuestro país, se ha transformado en un elemento determinante a la hora de tomar la decisión de acogerse a jubilación.

No obstante la existencia del bono, se han conocido variados casos a través de reportajes de televisión o por situaciones descritas por los propios docentes, de profesionales en una situación bastante compleja y, en muchos casos, dramática.

Esta situación guarda relación con la imposibilidad que tienen de terminar la relación laboral sin perder el derecho a la bonificación de incentivo al retiro, lo que se debe a que, de acuerdo a la legislación vigente, el término de la relación laboral solo se produce una vez que el empleador pone la totalidad de la bonificación a disposición del profesional.

Lo anterior, sumado a la demora en los pagos a los beneficiados, ha significado que muchos docentes que por razones de salud están incapacitados de seguir trabajando, se vean obligados a mantenerse en sus cargos para no perder el beneficio.

Por ello, el objetivo de esta propuesta apunta a hacer aplicable a los docentes del sector municipal la solución que se consideró para los funcionarios municipales y asistentes de la educación.