Después de escuchar a la defensa y a los cinco integrantes de la comisión que evaluó el libelo, la Corporación votó y aprobó la llamada «cuestión previa», que determina que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala y, por tanto, se la entiende como no presentada.

Tras seis horas de debate, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó, por 79 votos a favor y 73 en contra, la cuestión previa argumentada por la parte acusada, que refuta la correspondencia del libelo con los requerimientos constitucionales, acto por el cual se entiende por no presentada la acusación constitucional en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera.

La extensa sesión, abocada solo a este efecto, comenzó con la exposición de la defensa del Primer Mandatario, Juan Domingo Acosta, para seguir con la exposición de los cinco participantes de la comisión que analizó la admisibilidad de la acusación constitucional: Gastón Saavedra (PS), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Boris Barrera (PC), Sofía Cid (RN) y Daniel Verdessi (DC).

El diputado Saavedra condenó enfáticamente los hechos de violencia y el vandalismo, al tiempo que reivindicó el legitimo derecho a la manifestación pacífica. Estimó que los incumplimientos que apuntó la defensa no solo no son efectivos y evaluó que existe una construcción artificiosa, tendiente a evitar el escrutinio de la Cámara respecto de los actos del Presidente de la República.

El parlamentario reiteró que lo que se está discutiendo es la responsabilidad política que le cabe al mandatario por las graves violaciones a los derechos humanos. “Es la cabeza del Gobierno, lo que supone la existencia de un sistema jerárquico y coordinado, donde las acciones del órgano público se pueden reconducir a la cabeza de este (…) Se le imputan decisiones conducentes a acciones y omisiones que luego habilitaron o permitieron la actuación material de otros agentes estatales aguas abajo, de manera tal que la responsabilidad por estos actos le resulta plenamente atribuible”, planteó.

Asimismo, remarcó que, «de acuerdo a los antecedentes allegados a la Comisión, no hay otra conclusión posible que afirmar que en Chile se produjeron violaciones graves y extendidas a los derechos humanos” y afirmó en ese plano que estas son «imputables al Presidente de la República”.

Gastón Von Mühlenbrock consideró esta acusación como «una oportunidad para desestabilizar este Gobierno” y recalcó que las eventuales vulneraciones a las leyes y protocolos policiales, así como violaciones a los DDHH ocurridos durante el estado de emergencia deben ser abordadas a través de la justicia.

El legislador dio cuenta de las veces en que el Presidente de la República solicitó a las fuerzas armadas y de orden que se respetaran los DDHH de quienes se manifestaban y sostuvo que faltan argumentos para sostener que el Presidente de la Republica comprometió el honor de la nación.

“La acusación deber ser rotundamente rechazada, porque no se ha demostrado que haya actos de su administración que hayan infringido las leyes y la Constitución, como tampoco han sido posible demostrar que se ha comprometido el honor de la nación”, sentenció.

Boris Barrera fue claro en acusar y responsabilizar al Presidente de permitir que las fuerzas armadas y Carabineros cometieran graves y sistemáticas violaciones a los DDHH en Chile, en su calidad de jefe del Estado.

Resaltó que en los discursos y acciones del Presidente solo se distinguió una respuesta represiva a la protesta social, así como una actitud permisiva a la violación generalizada de los DDHH. ¿Si no fuera él, quién responde entonces políticamente o solo se debe responder penalmente? No somos un tribunal, no es para definir una responsabilidad penal (…), no fue el Presidente quien disparó o atropelló, este es un juicio que define una responsabilidad política de abierta infracción a la norma constitucional», puntualizó.

El legislador recordó diversas cifras de heridos, muertos y, en general, afectados por la represión policiaca, así como las dificultades que los organismos relacionados a la defensa de los DDHH tuvieron para realizar su labor de observancia y asistencia. Además, remarcó que acá no hubo omisiones, sino decisiones concretas, como fue la declaración del estado de emergencia. «Rechazo la insistencia de generalizar la culpa», acotó.

Diputados Barrera y Cid

Boris Barrera fue claro en acusar y responsabilizar al Presidente de permitir que las fuerzas armadas y Carabineros cometieran graves y sistemáticas violaciones a los DDHH en Chile, en su calidad de jefe del Estado.

Resaltó que en los discursos y acciones del Presidente solo se distinguió una respuesta represiva a la protesta social, así como una actitud permisiva a la violación generalizada de los DDHH. ¿Si no fuera él, quién responde entonces políticamente o solo se debe responder penalmente? No somos un tribunal, no es para definir una responsabilidad penal (…), no fue el Presidente quien disparó o atropelló, este es un juicio que define una responsabilidad política de abierta infracción a la norma constitucional», puntualizó.

El legislador recordó diversas cifras de heridos, muertos y, en general, afectados por la represión policiaca, así como las dificultades que los organismos relacionados a la defensa de los DDHH tuvieron para realizar su labor de observancia y asistencia. Además, remarcó que acá no hubo omisiones, sino decisiones concretas, como fue la declaración del estado de emergencia. «Rechazo la insistencia de generalizar la culpa», acotó.

La diputada Sofía Cid resaltó el carácter político, excepcional y de última instancia de la acusación constitucional, la que no la hace una herramienta más de fiscalización y donde existen consideraciones especiales para la figura del Presidente de la República, que restan consideraciones políticas y la adjudicación de omisiones, sino que solo actos propios que impliquen infringir la Constitución, situación que en este caso no se configurarían.

La parlamentaria sostuvo que el libelo no logra demostrar que actos del Mandatario fueron tendientes a cometer o permitir las violaciones a los DDHH y afirmó que es equivocado plantear que la declaración de estado de emergencia tuvo como objetivo coartar las manifestaciones ciudadanas, sino que tuvo como norte enfrentar a los grupos violentistas que atacaban bienes públicos y privados y asegurar el orden público.

Asimismo, reafirmó que los ilícitos constitucionales son de derecho estricto, sin poder usarle al respecto analogías y recordó que tanto el Presidente de la República como los ministros de Estado han condenado en reiteradas ocasiones las violaciones a los DDHH e indicado que estas serán perseguidas por la justicia.

Presidente de la comisión

Daniel Verdessi, quien fuera presidente de la comisión de acusación, reconoció que se está frente a un momento único y trascendente, en donde, en el contexto de una movilización social se violaron los DDHH. «Así lo confirman las voces», recalcó.

Estimó que la acusación respetó el debido proceso y aseguró que nunca, en los 30 años de democracia, «se había visto tanta violencia contra ciudadanos», incluyendo en ello a los heridos de Carabineros, que estimó también son responsabilidad del Estado.

«Cuando las mutilaciones oculares alcanzaron a dañar a tantas personas, se movilizaron organismos de la sociedad civil para frenar la política que se estaba ejerciendo contra los manifestantes (…) No cabe duda que hemos retrocedido en el tiempo. Hemos depreciado el deber de la memoria. No hay mañana sin ayer», enfatizó.

Dijo que el mayor drama es que las violaciones han ocurrido en democracia frente a instituciones como esta Cámara y resaltó que no se discute la facultad de decretar el estado de emergencia, sino que dicha decisión tuvo como efecto víctimas que fueron indebidamente vulneradas en sus derechos. «El Presidente es responsable de las consecuencias de esa decisión», aseguró.