La propuesta volvió a la Comisión de Constitución para un segundo informe, dada la presentación de indicaciones. En el debate, en el cual participaron cerca de 90 diputados y diputadas, la oposición cerró filas en defensa de la iniciativa, en tanto que, en el oficialismo, la mayoría optó por el rechazo.

Tras un largo debate de cerca de diez horas, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la reforma constitucional que incorpora, como parte del derecho a la seguridad social, la facultad de los afiliados a un sistema de capitalización individual, de retirar parte de sus fondos previsionales, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe.

El debate partió cerca de las 10:00 hrs. con la lectura del informe de la Comisión de Constitución, que rindió el diputado Matías Walker (DC), en donde se explicaron los alcances de la propuesta que, en lo medular, autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones a que, de forma voluntaria y por única vez, en el actual contexto de la pandemia, puedan retirar hasta un 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual.

La propuesta, iniciada en mociones refundidas (boletines 13501, 13617 y 13627), fue aprobada en su idea de legislar por 95 votos a favor, 25 en contra y 31 abstenciones. Sin embargo, por ser objeto de indicaciones, fue enviada nuevamente a la Comisión de Constitución para un segundo informe que de cuenta de las propuestas de enmienda.

Cabe mencionar que, previo a ese sufragio, se discutió también el quórum de votación para el presente caso. El diputado Jaime Bellolio defendió que debía aplicarse el de dos tercios, por tratarse de una norma constitucional permanente que afecta el tema de la seguridad social; mientras que el diputado Matías Walker sostuvo que se requería un quórum de tres quintos, dado que la disposición es de carácter transitorio, no crea un derecho fundamental nuevo, ni modifica el derecho fundamental establecido. Al someterse el punto en votación, se aprobó que la reforma constitucional mantuviera un quórum de tres quintos.

En el debate, la oposición fue clara a la hora de respaldar la propuesta. En este contexto, el diputado Alejandro Bernales (PL) resaltó que la preocupación por este proyecto de parte del Gobierno y de las AFP es un reconocimiento a la precariedad del sistema. Además, justificó la iniciativa en la falta de un apoyo decidido del Ejecutivo hacia la gente.

El legislador Jaime Mulet (FRVS) resaltó cómo se fueron despejando las trabas que se pusieron para avanzar en esta propuesta, que tiene como objeto hacer frente a un momento difícil de nuestra historia, a través de una medida excepcional. Asimismo, criticó que las ayudas entregadas por el Gobierno han sido insuficientes.

Hugo Gutiérrez (PC) llamó a respaldar las expectativas de la población chilena que espera que sus legisladores hagan lo correcto. “Acojamos las demandas del pueblo”, remarcó, recordando que sobre el 80% de los connacionales ha expresado que retiraría un 10% de sus fondos para enfrentar esta pandemia, personas que no solo son de izquierda, sino de todas las ideologías.

En una línea similar, José Pérez (IND) estimó indispensable que los afiliados puedan retirar hasta un 10% de sus dineros para enfrentar la pandemia, mientras que el socialista Fidel Espinoza sostuvo que este debate “histórico” viene a hacer frente a una emergencia, donde las respuestas del Ejecutivo no han estado a la altura. “Este 10% puede significar un alivio importante”, planteó.

Raúl Soto (IND) afirmó que el Estado no ha dado una respuesta contundente y oportuna frente a la pandemia y planteó que, como legisladores, su deber es empatizar con quienes lo están pasando mal. No es un regalo, es un derecho que nosotros tenemos que garantizar”, acotó.

Para Matías Walker, esta es una forma de entregar una ayuda a aquellos chilenos que no han podido acceder a otros beneficios. “A ellos hay que darle la opción excepcional, con nombre y apellido, de disponer de su patrimonio”, agregó, haciendo luego un llamado a confiar en la gente.

Giorgio Jackson (RD) alertó que se llegó a esta instancia porque hay una mayoría de la clase media que está desesperada. Reconoció que no es la mejor opción y que hubiesen preferido un aporte decidido desde el Gobierno, pero que, frente al actual escenario, es preciso avanzar entregando este beneficio, con un complemento como es la constitución de un fondo solidario.

El diputado Tucapel Jiménez (PPD) resaltó las ventajas de la propuesta y criticó que el Gobierno quiera avanzar por la vía del endeudamiento. “El 75% de los hogares está endeudado, 5 millones tiene deuda morosa, esa es la realidad de Chile”, remarcó, estimando que la urgencia del país amerita que se legisle en esta materia.

Alexis Sepúlveda (PR) recalcó que a nadie se le va a obligar a retirar el 10%, sino que se entrega está libertad para tomar la decisión a la gente. Además, hizo un llamado a los parlamentarios de Gobierno a apoyar la propuesta, recordando que es una materia ampliamente requerida por la ciudadanía. “Los recursos son nuestros ¿por qué no poder usar estos recursos?”, cuestionó.

En el oficialismo, la tendencia fue mayoritariamente contraria al proyecto. Así, por ejemplo, para el diputado Ignacio Urrutia (PREP), legislar sobre esta materia era dar carta abierta a la oposición y permitirles abrir la puerta para terminar con el sistema de capitalización de AFP.

El diputado Jaime Bellolio (UDI) reconoció que millones de personas en nuestro país lo están pasando mal por la pandemia, pero recordó que el Ejecutivo ha impulsado medidas para ir en su ayuda y afirmó que se continuará avanzando con otras propuestas que también beneficiarán a la clase media. Además, sostuvo que el proyecto no va en la línea correcta, ya que incidirá en que tres millones de personas queden sin dinero en sus fondos y que el retiro masivo de recursos afecte las rentabilidades de todos los cotizantes, junto con otros efectos.

Diego Schalper (RN), si bien reconoció falencias en el sistema de las AFP, fue enfático en criticar que no se explique a la gente que un retiro masivo de fondos devaluará las actuales pensiones, afectando especialmente a los pensionados de menores recursos, e impactará en la inflación. “Esto le hará mal a los chilenos”, afirmó. En tal línea, pidió avanzar en transferencias directas que incluya a la clase media y no afectar los fondos de los trabajadores.

Desde Evópoli, Andrés Molina coincidió en que no se le ha explicado a la gente el efecto real de la medida y no dudó en llamarla “populista”. Estimó necesario hacerse cargo de la actual situación que viven miles de chilenos y, en tal plano, llamó al Gobierno a concretar una agenda para la clase media, sin letra chica e, idealmente, con transferencias directas desde el Estado.

Pero en el oficialismo también hubo posturas a favor de la reforma, como la expresada por el diputado Miguel Mellado (RN), quien evaluó que lo obrado por el Gobierno va en el camino correcto, pero que reconoció también que muchos chilenos no han podido acceder a los beneficios. “Hay un tema de conciencia de ser humano y no me cierro a discutir este proyecto”, puntualizó.

En la misma línea, la independiente Érika Olivera consideró que el Congreso ha hecho lo posible para enfrentar los efectos de la pandemia y valoró los esfuerzos que ha realizado el Gobierno, pero también resaltó que la emergencia requiere medidas adicionales para quienes no han podido acceder a los beneficios. “Les pido que hoy, por un momento, que no cierren los ojos (…) Hay hambre, desesperanza, seamos realistas”, expuso.

En el debate también intervinieron los/as diputados/as Luis Rocafull (PS), Iván Flores (DC), Marcelo Díaz (IND), Karol Cariola (PC), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Natalia Castillo (RD), Patricio Melero (UDI), Leonardo Soto (PS), Mario Venegas (DC), Patricio Rosas (IND), Camila Vallejo (PC), Esteban Velásquez (FRVS), Andrea Parra (PPD), Miguel Crispi (RD), Marcela Hernando (PR), Juan Antonio Coloma (UDI), Manuel Monsalve (PS), Joanna Pérez (DC), Tomás Hirsch (IND), Boris Barrera (PC), Karim Bianchi (IND), Cristina Girardi (PPD), René Alinco (IND), Catalina Pérez (RD), Mario Desbordes (RN), Carmen Hertz (PC), Gabriel Silber (DC), Javier Macaya (UDI), Marcos Ilabaca (PS), Félix González (PEV), Ricardo Celis (PPD), Cosme Mellado (PR), Claudia Mix (Comunes), Paulina Núñez (RN), Jaime Naranjo (PS), Pepe Auth (IND), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Daniella Cicardini (PS).

Además, participaron los/as legisladores Gabriel Ascencio (DC), Daniel Núñez (PC), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Gonzalo Winter (PCS), Carolina Marzán (PPD), Marisela Santibáñez (PC), Francisco Eguiguren (RN), Gabriel Boric (PCS), Francisco Undurraga (Evópoli), Florcita Alarcón (PH), Sergio Gahona (UDI), Loreto Carvajal (PPD), Jorge Sabag (DC), Pedro Velásquez (IND), Renato Garín (IND), Andrés Celis (RN), Diego Ibáñez (PCS), José Miguel Castro (RN), Amaro Labra (PC), Pablo Vidal (RD), Juan Santana (PS), Álvaro Carter (UDI), Camila Rojas (Comunes), Raúl Saldívar (PS), Miguel Ángel Calisto (DC), Gael Yeomans (PCS), Ximena Ossandón (RN), Gastón Saavedra (PS), Issa Kort (UDI), Raúl Soto (PS), Daniel Verdessi (DC), Guillermo Teillier (PC), Juan Luis Castro (PS), Rodrigo González (PPD), Emilia Nuyado (PS) y Vlado Mirosevic (PL).

Asimismo, participaron en representación del Ejecutivo la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, y los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, y de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado. Todos ellos expresaron su oposición a la propuesta, expusieron los efectos que ella tendría y relataron los esfuerzos que está realizando el Gobierno, así como las nuevas iniciativas en ayuda de la clase media.