En la resolución se da cuenta de la situación de personas que, no pudiéndose atender debidamente en los centros hospitalarios de sus regiones, deben movilizarse a otras con un resultado lamentable con el que deben lidiar sus familiares, muchas veces limitados en recursos, hecho que imposibilita costear el traslado de los cuerpos.

Un total de 128 votos afirmativos respaldaron la resolución 589, que solicita al Presidente de la República que instruya al Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales realizar las gestiones pertinentes para financiar el traslado, a su lugar de origen, de pacientes fallecidos a causa de intervenciones en otras regiones.

En el documento, junto con citar casos concretos de personas afectadas por esta lamentable situación, se explica que, en promedio, el costo del traslado de un fallecido supera los dos millones de pesos.

Para los legisladores, la injusticia de esta situación no radica solo en el alto costo del servicio prestado por pocas funerarias, sino más bien porque se trataba de personas que no viajaban por su propia voluntad, sino por orden del hospital regional que, limitado en sus recursos, no tenía otra opción que derivar a sus pacientes al centro de salud capacitado más próximo.

Los parlamentarios estiman que cuando una persona de escasos recursos que se atiende en el sistema público de salud se ve forzada a viajar a otra región para llevar a cabo un procedimiento o tratamiento médico, lo lógico sería que, de fallecer fuera de su región, sea el propio hospital el que se haga responsable del traslado del cuerpo hasta el hogar de esa persona, del cual fue forzado a dejar bajo la expectativa de mejorar su calidad de vida.

La propuesta fue planteada por los/as PS Luis Rocafull, Jaime Naranjo, Raúl Saldívar, Gastón Saavedra, Emilia Nuyado, Maya Fernández, Jaime Tohá, Jenny Álvarez, más el independiente Patricio Rosas.