La instancia legislativa, que será presidida por el diputado Daniel Verdessi, se reunirá el lunes para iniciar su trabajo.

Este jueves se constituyó la comisión encargada de analizar los antecedentes sobre la acusación constitucional en contra el presidente Sebastián Piñera.

El documento se sustenta en dos causales: la responsabilidad del jefe de Gobierno en las graves, reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el último mes; y haber comprometido gravemente el honor de la nación, dada la preocupación expresada por la comunidad internacional.

La instancia eligió, por unanimidad, al diputado Daniel Verdessi (DC) para presidir al grupo que acordó iniciar su trabajo a partir del lunes 25 de noviembre. El legislador anticipó que buscarán dar garantías a todos los sectores para poder expresar sus opiniones.

“La coordinadora de los acusadores va a presentar varios invitados. Así lo hará también la otra parte (…) Queremos dar garantías para que esto sea hecho en forma republicana y democrática y todos puedan expresar su opinión”, expresó.

Consultado por su postura frente al trabajo que se realizará, el legislador detalló que parten con una hoja en blanco. «Yo estoy conociendo todos los argumentos y, en este momento, como presidente y como representante de mi partido, no he tomado una decisión”, sostuvo.

Desde ya, los integrantes de la comisión están analizando la presencia de abogados constitucionalistas, como informó el diputado (UDI).

“Propuse que se eligiera por unanimidad al diputado Daniel Verdesi, lo cual fue ratificado por los demás parlamentarios, buscando dar una garantía de equilibrio en las personas que van hacer invitadas tanto para acusar como para defender este libelo. Además, propuse como invitados a los profesores Jorge Correa Sutil y Gabriel Saliasnik, para que estén ojala este lunes”, acotó.

El jefe de Estado tendrá un plazo de diez días para concurrir ante la comisión, ya sea en forma personal o por escrito. La instancia, a su vez, desde el momento de dicha comparecencia, tendrá seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, poniendo luego el libelo a disposición de la Sala de la Corporación.