Las y los parlamentarios recomendaron rechazar la acusación por cuatro votos contra uno. Este jueves se analizará en la Sala.

Tras una intensa labor y luego de recibir en audiencia a una serie de personeros, la comisión que estudió la procedencia de la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick, rechazó la acción presentada por un grupo de parlamentarias y parlamentarios de oposición.

La votación fue de cuatro votos en contra y uno a favor. El voto disidente fue del diputado Marcos Ilabaca (PS) quien indicó que existen razones fundadas para acusar constitucionalmente al exministro Chadwick.

“Creo que es fundamental, hoy día, en Chile y en particular en este Congreso, determinar las responsabilidades políticas que existieron dentro de un marco de violación generalizada de los derechos humanos», remarcó.

Recordó que los informes internacionales señalan que en este periodo hubo vulneraciones graves, por lo que estimó que este Congreso tiene una misión fundamental en determinar responsabilidades. «En ese sentido, estoy convencido que el exministro Andrés Chadwick no asumió el rol que le correspondía, de manera constitucional y legal, en orden a ejercer su derecho como autoridad máxima de la seguridad interna”, sentenció.

Sin embargo, para el diputado Jaime Bellolio (UDI), presidente de la instancia, los fundamentos de la acusación eran débiles. Para ello dio cuenta de algunos puntos que considera claves.

“El libelo acusatorio dice dos cosas. En el capítulo primero señala que hubo una omisión deliberada del exministro Chadwick, cosa que no se ha podido probar de ninguna manera. De hecho, el propio estándar lo ponen los mismos acusadores. Dicen que una de las maneras es lo que denominan la omisión deliberada, por ejemplo, los protocolos que deben tener los carabineros. Resulta que esos protocolos están desde marzo de 2019. También hacen referencia a cómo se puede fiscalizar a las propias policías, cuestión que también ha ocurrido”, afirmó.

En ese sentido, el diputado Bellolio también descartó lo que por parte de los acusadores es un política permanente y deliberada con el fin de dañar a los manifestantes. “Eso es tan absurdo como sostener que esa política tuviese que retrotraerse hasta el 2017, momento en el cual se compran los perdigones que tanto daño han causado”, planteó.

La acusación constitucional en contra del exministro del Interior se presentó por su eventual responsabilidad en los casos de violación de derechos humanos durante el estado de emergencia. Ahora, será el turno de la Sala de escuchar este jueves 28 los argumentos de la comisión que analizó esta acusación, así como los de la defensa del exsecretario de Estado.