En la jornada de este lunes, la organización informó que ya existen 352 personas con trauma ocular, por lo que piden que el Estado se haga responsable de este daño irreparable para las víctimas. En la sesión, expusieron también profesores de derecho constitucional y penal.

En su última sesión de audiencias, la comisión que estudia la procedencia del libelo acusatorio contra el Presidente Sebastián Piñera recibió a la representante de la Coordinadora de víctimas de trauma ocular, Marta Valdés, quien informó que los manifestantes pacíficos afectados alcanzan a 352 a nivel nacional, que en su totalidad han presentado querellas.

La vocera y madre de un joven de 17 años que resultó herido, agregó que, detrás de cada caso de mutilación cometida por Carabineros, hay familias afectadas y personas que no podrán seguir con su trabajo o sus estudios.

Marta Valdés expresó que el Presidente Piñera debe hacerse responsable, ya que al señalar que estábamos en guerra, generó un brutal accionar de Carabineros, con disparos a menos de 15 metros, sin protocolos y apuntando directamente a los ojos y a la cara de los manifestantes, proceder policial violento de Fuerzas Especiales que continuó en los centros de atención médica.

“No es el espacio que a ellos les corresponde. Sin embargo, se tomaban esos espacios y, claro que se hacía una nueva victimización de los heridos, porque los jóvenes se alteraban, se asustaban, había un amedrentamiento de ellos. No había un respeto por la situación y por lo que estaban viviendo tanto las víctimas y sus familiares”, expresó.

Marta Valdés señaló que no existe preocupación de las autoridades sobre el tema. “En absoluto el Gobierno se ha acercado, ninguna autoridad, ningún ministro a hablar ni con las víctimas ni con la Coordinadora. Y, efectivamente, tampoco se está haciendo responsable de los gastos médicos y el daño de las heridas que se produjeron con el trauma ocular. Nosotros sentimos que el Gobierno se ha lavado las manos en este aspecto y no se está haciendo responsable”, remarcó.

Exposición de juristas

En la sesión, también participaron profesores de derecho que se refirieron al capítulo 1 del libelo acusatorio sobre la responsabilidad del jefe de Gobierno en las graves, reiteradas y sistemáticas violaciones a los DDHH cometidas por agentes del Estado.

Los profesores de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Javier Contesse y Myrna Villegas, se refirieron a la obligación de prevención de violaciones a los DDHH, que ha tenido un cumplimiento deficitario en el actuar del Presidente de la República.

“En el fondo, lo que nosotros estamos diciendo es, mire, no sirve de nada que usted diga no importa que yo perpetre delitos si después me van a castigar. Lo que a nosotros nos interesa es que no perpetre los delitos y, en este caso, no estoy diciendo que los perpetre de propia mano el Presidente; pero ciertamente el Estado, a través de los funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas ha perpetrado violaciones a los DDHH», explicitó Contesse.

El profesor sostuvo que el deber de prevención es el primer deber e implica que el Jefe de Estado tome medidas encaminadas a reducir el riesgo de mayor vulneración, a impedir que se sigan vulnerando DDHH. «A nuestro entender, esas son medidas que se han adoptado de manera completamente insuficientes”, afirmó.

También expuso el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Los Andes, Luis Alejandro Silva, quien expresó que la acusación no puede prosperar porque existe un principio básico donde no se responde por omisiones, sino que por actos administrativos como precisa la Constitución.

Finalmente, intervino el especialista en Derecho Constitucional, Arturo Fermandois, quien consideró que el libelo acusatorio es “una verdadera querella que nos lleva al ámbito penal (…) contexto que la acusación trata de hacer”.

El presidente de la instancia, diputado Daniel Verdessi (DC), mencionó que han escuchado a invitados de todos los sectores.

“Desde el punto de vista jurídico, hay una mayoría de constitucionalistas que descartan la responsabilidad del Presidente, pero no es unánime. Hay otros que sí la han señalado. Yo creo que en el fondo, aquí, lo importante es que se le dio espacio a todos. Estoy satisfecho porque hemos tenido una actitud de preservar los derechos, tanto de los acusadores como de los que defienden al Presidente, de hacer sus exposiciones en forma libre y sin limitaciones”, precisó.

En la jornada de hoy, martes 10, los parlamentarios debatirán acerca de la admisibilidad de la acusación, el miércoles iniciarán la votación a las 11 horas y, finalmente, la recomendación de la comisión será analizada por la Sala de la Cámara este jueves 12 de diciembre.
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