La segunda cita destinada a este tema por parte de los legisladores contrastó las posiciones del gobierno, la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado, los municipios y los profesores.

Sin embargo, pese al ánimo de los parlamentarios por llegar a un acuerdo, los puntos no tendieron a una convergencia y las partes mantuvieron sus posturas.

Analizar las distintas visiones que sostienen la Contraloría General de la República y la Corte Suprema, respecto del pago de la bonificación proporcional mensual a los docentes del sector municipal, fue el foco de la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Para la discusión, los parlamentarios contaron con la presencia del Contralor, Jorge Bermúdez; de la Ministra de Educación, Adriana Delpiano; de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud; del titular de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de La Granja, Felipe Delpin, acompañado de un amplio número de ediles del país; y del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, entre otros.

La ministra Delpiano enfatizó que no ha sido posible encontrar una solución viable al tema y afirmó que la postura del Gobierno es clara en señalar que los dineros demandados por los profesores fueron cancelados oportunamente y que pagar dos veces lo que ya se pagó sería una malversación de recursos.

El Contralor Bermúdez y el jefe de la División Jurídica de la Contraloría, Camilo Mirosevic, reconocieron que las modificaciones legales de 1999, 2001 y 2004 complejizaron el sistema de pago. Sin embargo, remarcaron que en este tema se tiende, primero, a confundir el bono proporcional del llamado bono SAE, lo cual es un error, y a estimar como nueva bonificación un beneficio dirigido solo al sector particular subvencionado.

Asimismo, se recordó que la Dirección del Trabajo confirmó la misma tesis de la Contraloría y que la única instancia que ha fallado en forma distinta es la Cuarta Sala de la Corte Suprema, que ha originado la ola de procesos judiciales que hoy alcanzan, según cifras del Consejo de Defensa del Estado, a 247 juicios en curso, 151 en tramitación, 30 en instancia de cobranza judicial y seis con sentencia firme y ejecutoriada desfavorable para los municipios o corporaciones municipales.

Desde este último organismo, se indicó, además, que en los casos en que están interviniendo han tenido buenas perspectivas, donde la defensa ha sido que los montos demandados fueron ya correctamente cancelados. Asimismo, plantearon que no correspondería una ley interpretativa, dado que el pago legal fue realizado y, tal como recalcó la ministra, la norma que incluía el bono fue derogada por la Ley de Carrera Docente.

Las visiones anteriores fueron bien acogidas por las municipalidades, que resaltaron que el tema no ha sido, como se acusó, un problema de mala gestión y que, por tanto, no pueden hacerse cargo de una deuda que en la práctica no existe.

Sin embargo, el Colegio de Profesores refutó dichas opiniones e insistió en que los dineros hoy demandados corresponden a negociaciones pasadas destinadas a mejorar los salarios de los docentes.