El cuestionario de preguntas al Secretario de Estado, que fue dirigido por la diputada socialista Emilia Nuyado, se enmarcó, principalmente, en las acciones relativas al ejercicio de su cargo en lo referente a los hechos anteriores, coetáneos y posteriores al 14 de noviembre de 2018, en Ercilla, región de La Araucanía, donde fue asesinado el comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Con una alta concurrencia en las tribunas y gran expectación mediática se realizó hoy la Interpelación al Ministro del Interior, Andrés Chadwick, que tuvo como objetivo analizar la responsabilidad política del Secretario de Estado en las eventuales irregularidades y delitos cometidos por Carabineros en la región de La Araucanía.

A nombre de los solicitantes de la interpelación interrogó la diputada Emilia Nuyado (PS), quien en mapudungun comenzó saludando a los presentes, al tiempo que agradeció a sus pares por la oportunidad para esclarecer la responsabilidad política en la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, el pasado 14 de noviembre en Ercilla, región de La Araucanía.

La parlamentaria solicitó al Ministro del Interior explicar si existen responsabilidades políticas en la muerte de Catrillanca que deban ser investigadas. A ello, el ministro respondió que el disparo a Camilo Catrillanca se realizó sin que mediara ninguna acción que lo justificara, por lo que reiteró la importancia de esclarecer los hechos.

En ese plano, la diputada reiteró su pregunta y pidió al Secretario de Estado contestar si hubo responsabilidad por parte de Carabineros en los hechos. A la interrogante, el Ministro respondió que todos los hechos que le fueron informados son falsos y que el Gobierno no aceptará que una patrulla de Carabineros crea cumplir su deber faltando a la ley, sobre el uso a las armas, y faltando a la verdad.

El Secretario de Estado señaló, además, que ha cumplido con todos los deberes para que estos hechos no sean tolerados, se conozca la verdad y se sancione a los responsables. En ese sentido, el personero aseguró que se ha dado de baja a 10 funcionarios de Carabineros y a un abogado de la institución uniformada, a días de que se cumpla un mes de la muerte del comunero Catrillanca.

Pueblo mapuche y Estado chileno

Aludiendo a la historia y, junto con ello, a la extensa lucha que ha tenido el pueblo mapuche contra el Estado chileno, la diputada Nuyado consultó al Ministro si es razonable instalar unidades policiales en el territorio de La Araucanía, a lo que el personero respondió que su objetivo y el del Gobierno nunca ha sido militarizar el territorio, sino que, más bien, poder cambiar la historia contribuyendo a un camino de paz, desarrollo e igualdad y reconocimiento del pueblo mapuche.

A modo de reflexión, la legisladora señaló que el pueblo mapuche ha acumulado mucho dolor en su historia, mientras que el Estado de Chile se ha empeñado en señalar que cuenta con una democracia moderna y que garantiza el Estado de derecho, pero solo ha sido posible ver cómo se vulneran los derechos fundamentales de los pueblos originarios.

Consultado sobre la existencia de antecedentes que justificaran la muerte de Catrillanca, el Ministro reiteró que no tuvo ningún dato de inteligencia que tuviera relación con el comunero mapuche. “El contexto en que se dio esta situación no era de guerra (…) estábamos en la búsqueda de diálogo cuando se generó este terrible hecho”, planteó.

La diputada Nuyado continuó su interrogatorio y aludió a los protocolos a seguir por parte de Carabineros, los cuales, indicó, no responden ni a su actuar ni a las acciones que ellos dicen realizar en el marco de la ley. “Carabineros se sintió respaldado para actuar de manera racista en contra del pueblo mapuche”, sentenció la interpeladora.

A lo anterior, el Secretario de Estado agregó que no se debe confundir el actuar de un grupo de carabineros con el actuar de la institución y de cada uno de los uniformados que, día a día, cuidan a los ciudadanos.

Por otro lado, la parlamentaria recordó que, en la formalización de los carabineros implicados, se estableció la existencia de armamento de guerra, que dispararon sin provocación alguna y que Camilo Catrillanca murió a manos de un grupo entrenado militarmente.

El Ministro de Estado contestó que el llamado “Comando Jungla” es un grupo de operaciones táctico, que fue instalado el año 2015 por la expresidenta Michelle Bachelet, ya que se estableció que la zona de La Araucanía necesitaba fuerzas distintas para combatir la violencia. Asimismo, agregó que a la fecha hay más de 250 víctimas de violencia en la región.

Respecto a la responsabilidad país en tratados internacionales suscritos con los niños mapuches, la legisladora explicó que estos han sido pasados a llevar en reiteradas ocasiones y que el caso más reciente evidencia la situación del joven que acompañaba a Camilo Catrillanca, quien dijo ser torturado por las fuerzas especiales.

En ese contexto, la legisladora consultó al Ministro si existe algún plan reparatorio para la violencia sufrida por los niños de La Araucanía, a lo que el personero respondió que se está trabajando en un programa que viene de gobiernos anteriores, sobre reparación de víctimas, que tiene un enfoque en el apoyo psicológico y afectivo para que los jóvenes puedan salir adelante.

Finalmente, el Ministro de Estado señaló que el Gobierno enviará durante el mes de diciembre una reforma constitucional de reconocimiento a los pueblos originarios y que, además, se ha puesto urgencia a dos proyectos de ley en materia de pueblos indígenas, que vienen del Gobierno anterior.

Proyecto de resolución

Antes del término de la sesión, en la que también intervinieron representantes de cada bancada política para dar su opinión sobre el tema, la Sala de la Cámara aprobó por 75 votos a favor, 63 en contra y dos abstenciones, la resolución 428.

El documento solicita al Presidente de la República efectuar un cambio en la política de seguridad y su ejecución en la regiones de La Araucanía, Biobío y Los Ríos; asumir la responsabilidad política por promover al inicio de este Gobierno el uso arbitrario e ilegal de la fuerza policial en La Araucanía; y revisar los protocolos recientemente publicados sobre las actuaciones policiales, sujetos a la opinión favorable del INDH.

Asimismo, se pide dictar un instructivo presidencial sobre principios de igualdad y no discriminación y derechos de los pueblos indígenas; manifestar el compromiso del Estado de Chile con la implementación del Convenio OIT 169 y las declaraciones de derechos de la ONU y OEA sobre pueblos indígenas; y elaborar protocolos especiales para garantizar la integridad física y síquica de niños, niñas y adolescentes mapuches, cuando estén presentes en procedimientos policiales, así como programas de apoyo a la salud mental de víctimas de represión policial.

Por último, entre otros puntos, se solicita realizar una invitación oficial a la relatora especial para Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, a fin de que se constituya en las regiones ya citadas para recoger antecedentes y proponer recomendaciones; construir una comisión de esclarecimiento histórico y reparación del Pueblo Mapuche; e impulsar un nuevo diálogo con este grupo de la población.