Un grupo transversal de senadores suscribieron esta declaración donde señalan “la voluntad de avanzar resueltamente en la agenda legislativa de seguridad que incluye proyectos que permitan reformar las policías, la inteligencia y fortalecer las facultades del Estado para enfrentar los saqueos, barricadas y la acción violencia de los delincuentes”.

“Chile es hoy un país profundamente dividido, fracturado por la conmoción interna. Son momentos únicos en nuestra historia que por lo mismo requieren de soluciones excepcionales”, con estas palabras un grupo transversal de senadores, encabezados por el Presidente del Senado, Jaime Quintana firmaron la Declaración por la Paz Social, los Derechos Humanos y el Orden Público.

En la oportunidad, junto a los senadores Andrés Allamand, Felipe Harboe, Ximena Rincón, Felipe Kast, Jaqueline Van Rysselberghe, Carolina Goic, Ena Von Baer, Pedro Araya, José Miguel Durana, Francisco Chahuán, Juan Castro, Luz Ebensperger, Rafael Prohens, Kenneth Pugh entre otros, condenaron la violación a los Derechos Humanos, “concurrimos a un acuerdo constitucional, y estamos trabajando en la construcción de una agenda de reformas económicas y sociales que la ciudadanía ha demandado de manera contundente”.

En esa línea, “instaron al gobierno a implementar una agenda social profunda con cambios estructurales para enfrentar las desigualdades en nuestro país”.

Asimismo, expresan su voluntad de “avanzar resueltamente en la agenda legislativa de seguridad que incluye proyectos que permitan reformar las policías, la inteligencia y fortalecer las facultades del Estado para enfrentar los saqueos, barricadas y la acción violenta de los delincuentes”.

Por otro lado, “hicieron un llamado al gobierno, al ministerio público y a los tribunales de justicia para usar todas las herramientas legales vigentes para identificar y sancionar a los responsables de los desmanes cometidos”.

Finalmente, recalcaron que “el Presidente de la República dispone de las herramientas constitucionales para reestablecer el orden público y la seguridad del país, y deberá velar por el respecto de los derechos humanos de todos los chilenos y chilenas”.